El Boletín Oficial del Estado del día 2 de febrero publicó el Real Decreto 1515/2018 de 28 de diciembre por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
El acuerdo se tomó en el último Consejo de Ministros del pasado año.
Esta Comisión integrará a representantes de los Ministerios de Fomento, Hacienda, Transición ecológica, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Interior, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y Turismo, de Economía y Empresa, y de Ciencia, Innovación y Universidades, todos ellos con rango de Subdirector General o equivalente.
Sus funciones serán la de elaborar un Plan de incorporación de la metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos que de forma progresiva permita establecer unos umbrales de obligatoriedad así como los criterios de valoración de los pliegos de condiciones; Seguimiento de las medidas contenidas en el Plan; Realizar acciones de información y formación del personal encargado del puesta en marcha del plan; Representar al Reino de España en los distintos foros internacionales; Recibir e intercambiar información con otros departamentos de la Administración General del Estado o incluso de comunidades autónomas.
Con el fin de asesorar a los miembros de la Comisión, se creará un Comité Técnico y unos grupos de trabajo. Éstos estarán formados por expertos tanto del sector público como privado. Los colaboradores externos de la Comisión tendrán voz pero no voto.
Llaman la atención una serie de puntos de este RD: Es de agradecer su apuesta por los estándares de código abierto, pero la estructura y cometidos de esta Comisión tiene singulares parecidos con la antigua es.BIM del Ministerio de Fomento, y una vez más se insiste al menos dos veces, en que estos trabajos NO GENERARÁN GASTO. Parece que de nuevo se solicitará la ayuda de voluntarios que trabajarán gratuitamente para funcionarios con nómina mensual que cobrarán dietas por cada reunión que asistan.
Por si lo anterior no fuese suficientemente triste, su alcance se limita a la administración general del estado, y las comunidades autónomas regularán independientemente sus propios contratos públicos. Lamento que de esta comisión no surja una modificación de la Ley 9/2017 que permita realmente la utilización del BIM en las obras públicas. Esta Ley si que es de ámbito estatal y unificaría procedimientos y criterios en todo el territorio nacional.